Centro Bonó cree RD debe mostrar compromiso y respetar derechos ante petición CIDH

| 23 octubre, 2014

AF24EC65-D3AE-4AAC-971C-CB52528C30D0.jpg__600__450__CROPz0x600y450SANTO DOMINGO, RD.-El  coordinador general del Centro Bonó sostiene que la sentencia publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una gran oportunidad para que el Estado  asuma la que debe ser su función esencial: garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto de su dignidad.

 Roque Félix dijo también es una oportunidad para que el Gobierno envíe un mensaje claro a la comunidad internacional de su decidido compromiso con el respeto a los derechos humanos, demostrando al mundo que “somos un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho”.

 Sobre la comisión que designó el presidente de la Republica para analizar la citada sentencia, Félix considera que no se debe designar en esa comisión a personas que son sectores están confrontados con el enfoque de los derechos humanos, “porque no se lograría nada unificador para el país”.

 En rueda de prensa, el Centro Bonó plantea que el  Plan Nacional de Regularización de Extranjeros debe ser mejorado en su implementación, procurando mayor eficiencia y efectividad para garantizar el logro de los objetivos planteados.

 Consideran que el Estado deberá adoptar en un plazo razonable las medidas que sean necesarias para evitar que la sentencia 168-13 y la Ley 169-14 continúen produciendo efectos jurídicos tendentes a privar el derecho a la nacionalidad de personas nacidas en territorio nacional.

 El Centro Bonó solicita al Congreso Nacional que interpele políticamente a cualquier órgano que obstaculice el cumplimiento de esta Sentencia y que pretenda presentar al país como un Estado que actúa al margen del Derecho Internacional de los derechos humanos.

Juristas opinan

En su fallo, la corte le ordena a Republica Dominicana desconocer la aplicación el contenido de la Sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional, lo que es calificado por el jurista Julio Cury como “descabellada”, porque no puede imponerle a la República Dominicana la modificación de su Constitución para aceptar  un criterio jurisdiccionales respecto de quienes son dominicanos o no.

Cristóbal Rodríguez dijo que la Corte Interamericana “se fue más lejos, incurrió en algo que técnicamente se llama  “un exceso  jurdisccional”, desconoce la facultad del Estado, de regular libremente la forma de adquisición de la nacionalidad”.

 Cury, sostiene que el país “debe hacerle caso omiso a esa sentencia”, mientras Rodríguez dice que el Gobierno tiene el deber de darle cumplimiento a esa sentencia.

 Vinicio Castillo dijo “si aplicamos esta sentencia tendríamos  para el año 2016, 700 mil haitianos con derecho a voto, porque según esta sentencia habría que darle sus cédulas a gente que ni habla español, elegirán senadores y diputados, regidores.  Eso es señores la fusión de la isla”.

 Hoy, dice Castillo, aquellas personas que creían que “estábamos exagerando cuando hacíamos el alerta, que era un peligro inexistente con la sentencia emitida por la CIDH, no le cabe la menor duda de cuál es el designio de la comunidad internacional con respecto a la República Dominicana”.

 “Yo creo que no hay precedentes en esta situación, muchos analistas aun no comprenden que la Corte Interamericana lo que pretende es derogar los Poderes Públicos de la República, hace un mandato diciendo que se anulen el Tribunal Constitucional su fallo, la sentencia 168-13, que el Congreso Nacional anule la aprobada ley 169-13, todo esos poderes la corte pretende anularlos e incitar a una rebelión de un millón de haitianos que tenemos aquí, diciéndole ustedes son dominicano, es una situación muy grave es decirle al Presidente  acatar ese fallo, y ejecutarlo, sería un golpe a la República”, agregó Castillo.

 Recordó que los “Vinchos” tienen años advirtiendo la situación planteada hoy.   Dijo que si el presidente intentara anular el Congreso, la Junta, el Tribunal Constitucional, crearía una crisis, pero la Corte no tiene competencia sobre la Republica Dominicana”.

 Mientras, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía  fijó su posición frente a la audiencia de la CIDH y su sentencia, y exhorta al Gobierno a asumir sin condición, la responsabilidad constitucional de defender la soberanía nacional y hacer cumplir las leyes establecidas, sin restricción de los derechos y libertades que operan dentro del marco jurídico del país.

 Critica la Red que el “estado les esté permitiendo que se inmiscuyan en nuestra política doméstica y nos marquen pautas que atentan contra la Constitución y fragmentan nuestra Soberanía”. En ese sentido, exhorta a todos los políticos “a decir presente y demostrar el carácter valiente  que históricamente ha tenido nuestro pueblo en defensa de su soberanía”.

Fuente: El Nuevo Diario

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