Tribunal Supremo venezolano asume poderes del Congreso

CARACAS.- La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias del Congreso desencadenó ayer una avalancha de críticas de la oposición venezolana y de varios países de la región contra el gobierno de Nicolás Maduro por considerar que el fallo constituye un zarpazo a la constitución y el estado de derecho en el país sudamericano.

La sorpresiva sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país sudamericano.

En el fallo —que fue difundido la noche del miércoles— el Tribunal resolvió que «mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga».

En enero de 2016, y tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que «en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado». A su vez, el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que «ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela».

El fallo se dio a conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.

«Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado», sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un «auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional».

Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que «debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio».

No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela, pero la sesión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno entable un diálogo.

El departamento de Estado estadounidense condenó la decisión del Tribunal Supremo de asumir las responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones democráticas.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Donald Trump agregó que esta medida «usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos democráticamente» y niega al pueblo venezolano el derecho a moldear el futuro de su país a través de los representantes electos.

Horas antes, el gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que «constituye una ruptura del orden constitucional y democrático » y en consecuencia decidió «retirar de manera definitiva a su embajador».

En la que fue la primera reacción del gobierno venezolano, la canciller Delcy Rodríguez, sin mencionar la sentencia, rechazó categóricamente el «comunicado injerencista del gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana».

Panamá y México también expresaron «su profunda preocupación» por las recientes decisiones del máximo tribunal. El gobierno mexicano además reiteró lo manifestado en una declaración divulgada la semana pasada por un grupo de 14 países, incluyendo los Estados Unidos, en la que pidieron elecciones inmediatas, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional para resolver «el estancamiento» de la crítica situación en Venezuela.

La canciller colombiana, Maria Angela Holguin, resaltó la importancia del «respeto por la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia», mientras que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski escribió «América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela» en su cuenta de Twitter.

Eric Olson, director asociado del programa latinoamericano del Wilson Center, evitó catalogar el acto judicial como un golpe de Estado, pero afirmó que deja en evidencia la ausencia de separación de poderes en el país. «No quiero usar ese término porque tiene muchas connotaciones pero es bien claro que la democracia en Venezuela está totalmente desacreditada y ya no hay instituciones independientes», dijo Olson.

«No sé si esta es la gota que derrama el vaso, pero sí es otro argumento a favor de que ya no hay espacios y que la comunidad internacional tome algunos pasos», agregó.

Asimismo, Freedom House —organismo que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos— manifestó a través de un comunicado que la decisión de «usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional desmantela el estado de derecho en Venezuela» y que el dictamen «elimina la fachada de separación de poderes y cementa la dictadura de Maduro».

El Tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos. Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo Tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos.

A comienzos de esta semana, el Tribunal también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. En esa sentencia, la Sala Constitucional ordenó a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un «Estado de conmoción» y «revisar las diversas leyes» ante el desacato del Congreso.

La sentencia del miércoles, que permite la creación de empresas mixtas sin el visto bueno de la Asamblea, se produjo en momentos en que la Asamblea Nacional investiga una serie de acuerdos que estaría tramitando el gobierno al margen del Legislativo, que por ley debe avalarlos, y que incluyen la creación de cualquier empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana y empresas privadas internacionales.

El gobierno de Maduro, que enfrenta una escasez de productos básicos y una inflación de tres dígitos, argumenta que los legisladores le impiden aprobar créditos y otras decisiones económicas claves.

Fuente: AP

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