Una semana crucial para judicializar caso de sobornados por Odebrecht

SANTO DOMINGO. Esta sería una semana clave en el proceso que lleva la Procuraduría General de la República por los sobornos pagados por la constructora Odebrecht para que ser favorecida con obras del Estado entre el 2001 y el 2014.

Basado en lo expresado por el Procurador General de la República, se podría solicitar autorizaciones judiciales para realizar diligencias procesales contra aquellas personas identificadas por Odebrecht como beneficiarias del dinero o prendas a cambio de la adjudicación de obras.

Jean Alain Rodríguez informó que en los próximos días habrá sometimientos a la justicia y se darán o se sabrán con estas acciones en los tribunales, nombres y apellidos de quienes presuntamente incurrieron en el delito.

“Habrá consecuencias, habrá nombres, habrá apellidos, pero sobre todo habrá sometimientos en los próximos días”, expresó Rodríguez, al informar que analizan cientos de documentos enviados por el Ministerio Público Federal de Brasil gracias al acuerdo firmado con la multinacional.

Para tales fines, los investigadores se encuentran armando el “complejo” expediente en donde se presume están legisladores, exlegisladores, funcionarios activos y no activos de los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, así como empresarios y abogados.

De determinarse que legisladores y funcionarios activos figuran en la lista dada por Odebrecht, la Procuraduría General de la República tendrá que definir si acude únicamente ante un juez de instrucción especial, que deberá designar el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para las autorizaciones judiciales y conocimientos de solicitud de imposición de medida cautelar, o separar el expediente.

Jurisprudencias recientes han evidenciado que la práctica, como ocurrió en el caso del senador Félix Bautista, quien fue acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de estafa contra el Estado junto a otras personas, así como el de la destituida jueza Awilda Reyes Beltré, acusada de prevaricación junto a un exconsejero del Poder Judicial y varios alcaldes sometidos por desfalco y prevaricación, es que los expedientes donde un imputado tiene privilegio de jurisdicción se conocen en tal instancia.

También está la decisión de la Suprema en 2004 de declinar por ante la jurisdicción ordinaria, sin referirse a los méritos de la acusación, el expediente del exsecretario de Industria y Comercio, Ángel Lockward, por su alegada participación en un desfalco millonario en la distribución de cupones utilizados para el subsidio del gas licuado de petróleo, al dictar un auto de No ha lugar en favor del entonces diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Noé Sterling Vásquez, quien también era procesado por ser propietario de una envasadora.

Además de anunciar que procederán judicialmente, Rodríguez prometió a la nación la publicación de “todos” los documentos remitidos por la Procuraduría de Brasil referentes al pago de los US$92 millones que hizo la constructora.

“Quiero que sepan que van estar públicos para el debido escrutinio de la sociedad tan pronto sean depositados en los tribunales. Repito, publicaremos todos y cada uno de esos documentos, incluyendo testimonios y pruebas documentales, para que todo dominicano o dominicana con acceso a internet pueda verlos”, puntualizó al dirigirse a la nación la semana pasada.