Gobierno espera superar brecha inversión infraestructura con APP

Puerto Manzanillo y carretera Santo Domingo.-Puerto Plata podrían concretarse bajo ese esquema.

PUNTA CANA.- Con la aprobación de la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), esperada para este año, el Gobierno quiere superar la brecha de inversión en infraestructura que enfrenta, al igual que otros países de la región, por las limitaciones presupuestarias.

Actualmente, en la República Dominicana se invierte el equivalente al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en nuevas construcciones, edificaciones y vías de comunicaciones públicas. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que debe dirigirse a proyectos de infraestructura alrededor del 5 % del PIB cada año para sostener el crecimiento económico.

Cuando se apruebe la nueva normativa, en poder del Poder Legislativo desde diciembre pasado, el ámbito de inversiones privadas en proyectos de corte público y social se ampliará. Al menos eso es lo que esperan desde el Gobierno dominicano, según afirmaron el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el viceministro de Desarrollo de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez.

“Lo que estamos buscando no solo es tener los recursos suficientes para hacer las inversiones, porque los fondos están en el mercado, dinero hay. Se trata de quién asume la responsabilidad de llevarlo a cabo y en qué libro se asienta esa deuda, si en el privado o en el público”, dijo Guerrero en el marco de la novena edición de APP Américas 2019, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest y que termina este jueves 16.

Las alianzas público-privadas son acuerdos entre gobiernos y empresas para el desarrollo de un proyecto y la consiguiente prestación del servicio de un privado con un bien estatal. Hay varias formas de desarrollar este tipo de contratos que incluyen la financiación parcial o incluso total del proyecto por parte del sector privado, con el compromiso de que luego obtendrá beneficios de él a través de la gestión temporal. La propiedad siempre será estatal.

Esto permite que se puedan financiar obras de infraestructura sin la necesidad de tocar el Presupuesto General del Estado o de endeudarse con multilaterales o en los mercados externos porque el sector privado aporta recursos.

Para Guerrero, el punto de atractivo para que el sector privado se interese es que los proyectos sean rentables a mediano plazo y que no dependan de desembolsos del Estado.

“Ellos de por sí deben tener la posibilidad de generar los retornos que buscan para evitar los subsidios y limitarse a los riesgos asignados al Estado”, precisó el funcionario. El vicepresidente de Países del BID, Alexandre Meira da Rosa, advirtió que uno de los puntos cruciales en este tipo de contratos es asignar bien el riesgo entre el socio público y el privado, de manera que uno no tenga una ventaja excesiva sobre el otro.

Alianzas público-privadas ya existentes no serán renegociadas.

Agregó que países como República Dominicana, que están llegando tarde al desarrollo de estos esquemas, lo hacen de una manera más sólida debido a que ya tienen como referencia la experiencia de otras naciones.

Meira da Rosa consideró positivo, además, que esté por aprobarse la Ley de Alianzas Público-Privadas porque “un marco regulatorio sólido trae confianza para proyectos que son tan extensos” como los de infraestructura, por ejemplo.

En tanto, Jiménez indicó que se ha trabajado más de 200 horas en el borrador de la ley, en una definición en la que ha estado involucrado el sector privado (a través del Conep y la AIRD), la banca, abogados y desarrolladores de proyectos de infraestructura.

Una vez que la ley sea aprobada por el Parlamento, lo que se espera que ocurra dentro de las próximas semanas, se comenzarán a trabajar los reglamentos necesarios para la aplicación de todas las normas, lo que podría ocurrir dentro de un máximo de nueve meses, según explicó el viceministro de Desarrollo de la Presidencia.

Hay dos proyectos que podrían ser susceptibles de convertirse en alianzas público-privadas: el puerto de Manzanillo, que ya tiene listo un estudio de prefactibilidad y del que falta solamente la fase final del estudio de impacto medioambiental; y la carretera de Santiago-Puerto Plata que está en una fase más preliminar. Esa vía reduciría a media hora el recorrido entre estas ciudades. En ambos casos, “ya sería decisión política si serán desarrollados como alianzas público-privadas o como licitaciones regulares”, dijo Jiménez.

Lo que sí está claro, por los momentos, es que los contratos que ya existen en República Dominicana bajo el estatus de alianzas público-privadas y que se firmaron antes de la aprobación de la ley no serán renegociados. El viceministro de Desarrollo dijo que hay un aparte en el proyecto de normativa que está en poder del Congreso para su discusión en el que se indica que los proyectos ya manejados por empresas privadas no tendrán modificaciones a sus condiciones, pese a la aprobación de la nueva ley.

Uno de los pocos contratos firmados en el país bajo el esquema de alianza público-privada, y que ha sido muy criticado por su dependencia presupuestaria, ha sido el de la carretera a Samaná. Jiménez dijo que por ahora el gobierno no se plantea su renegociación.