Finjus señala paralización de docencia interrumpe derecho a la educación

CRISTALDIGITAL.COM.DO, SANTO DOMINGO, RD.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus), expresa su preocupación ante la situación que ha suscitado la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) por los continuos paros de la docencia y su convocatoria a futuras suspensiones en el calendario escolar vigente. Pese a que estas acciones van en contra del Pacto por la Reforma Educativa, la ADP ha señalado que sus actos tienen como finalidad alcanzar un aumento salarial para los pensionados, jubilados y los docentes activos.

Tal cual señala el referido Pacto, la educación es el medio más idóneo para la cohesión social de la Nación dominicana. Por esta razón, por el papel que presupone frente a cualquier variación política, económica, social u otra índole, su garantía se constituye en una política de Estado, por lo que sus órganos deben hacer cumplir los planes  programados, para alcanzar el éxito del sistema educativo, conformado por la comunidad docente, padres, tutores, alumnos y todos los sectores comprometidos con la mejora de la calidad educativa.

Debe considerarse que si bien el derecho a la protesta es una facultad constitucional, esta libertad no puede ponerse por encima del derecho a la educación. Así, conviene recordar que por medio de la sentencia TC/0064/19, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto al señalar que: “el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto, su ejercicio está supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, recaudos y límites”. Lo que el Constitucional busca plasmar es que, si bien es cierto que el derecho a la protesta se encuentra protegido, no se puede hacer uso abusivo del mismo, sobre todo cuando sus efectos incluyen el agravamiento de la situación del sistema educativo y el irrespeto al derecho a la educación.

En este sentido, el Tribunal Constitucional continúa agregando que: “la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano”. Adquiere una ponderación especial cuando la interrupción de la labor educativa afecta de manera escalonada el servicio que deben recibir los niños, niñas y adolescentes, razón por la cual, entre otras, fue suscrito el Pacto por la Reforma educativa y a lo cual el Tribunal Constitucional, por vía de la misma sentencia, ha destacado que: “este derecho debe ser garantizado a lo largo de toda la vida, adquiere una significación especial en la etapa de la niñez y la adolescencia de las personas”.

A fin de cuentas, el mayor perjuicio recae sobre los estudiantes que, de manera indirecta, se ven envueltos en conflictos que requieren de programas educativos estrictos y cabalmente direccionados, a fin de garantizar estrategias oportunas para la superación del sector escolar.

Es evidente que un aumento de la mejoría del sector educativo no se limita a alcanzar mayores aportes económicos, porque un incremento de la calidad del mismo implica nuevas estrategias que van desde la cobertura de ingreso y reinserción escolar, hasta el diseño de programas de apoyo social como contribución al desarrollo del país.

Finalmente, desde Finjus hacemos hincapié en la trascendencia que posee el servicio público educativo. Deben erradicarse las prácticas que deriven en un deterioro de las condiciones de la educación pública.

Reiteramos que es urgente que la ADP se comprometa a usar las herramientas del diálogo consensuado que contribuya al desarrollo armónico e integral de la educación dominicana, donde se forjará el clima que permitirá la igualdad de oportunidades entre todos los sectores y redundará en el progreso económico y social del país.

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