Piratería y falsificación suponen a empresas europeas coste de 250,000 millones de euros cada año

Madrid.- La regulación de los derechos de propiedad intelectual es prioritaria para el Parlamento Europeo. La piratería y la falsificación suponen para las empresas europeas un coste de 250,000 millones de euros cada año, según varios estudios, y el crecimiento económico y los puestos de trabajo de la UE dependen en parte de la aplicación efectiva de esos derechos. La Comisión de Mercado Interior debate hoy una normativa para afrontar problemas que van desde la importación de productos falsificados de China a las descargas ilegales por Internet.

La piratería y la falsificación pueden suponer una seria amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores. En 2010, el 14.5 por ciento del total de los artículos incautados eran productos de uso diario y potencialmente peligrosos para la salud y la seguridad de los usuarios (es decir, alimentos y bebidas, artículos de cuidado corporal, medicamentos, electrodomésticos y juguetes).

Buena parte de los productos que no respetan la propiedad intelectual comercializados en la Unión Europea proceden de países extracomunitarios, por lo que las autoridades aduaneras tienen un importante papel para hacer valer los derechos de manera eficaz en las fronteras exteriores de la UE antes de que las mercancías entren en el mercado interior. Una vez que las mercancías se dispersan por los distintos Estados miembros, se vuelve mucho más difícil y costoso seguir su rastro e iniciar acciones.

Entre 2009 y 2010 prácticamente se duplicó el número de casos de falsificación y piratería registrados. En 2010 las autoridades aduaneras registraron 79,112 casos, frente a los 43,572 de 2009. Las ventas en línea, en particular, causaron un aumento espectacular de las incautaciones en el tráfico postal, donde la mayoría de los casos se referían a prendas de vestir, calzado y artículos electrónicos. El 69 por ciento de las mercancías incautadas fueron medicamentos.

La Comisión Europea propuso revisar las normativas en esa materia para reforzar la aplicación por parte de las autoridades aduaneras y mejorar la claridad jurídica, una propuesta que se considera también prioritaria en el Parlamento Europeo y sobre la que hoy se pronuncia la comisión de Mercado Interior.

Entre las iniciativas contenidas en el documento destaca el refuerzo de las aduanas para que puedan confiscar un mayor rango de artículos cuando sospechen que una mercancía ha violado las normas de propiedad intelectual.

El encargado de redactar el informe en la comisión del Mercado Interior, el liberal alemán Jürgen Creutzmann, apunta que la Comisión Europea debería ahondar en que la compra de productos falsificados por parte de viajeros a título individual y para uso privado supone una vulneración de los derechos de propiedad intelectual e insiste en que la importación de mercancías ilegales para uso personal no es aceptable.

La Comisión Europea (CE) propuso hoy endurecer las aduanas europeas dentro de una nueva estrategia global de la UE para proteger la propiedad intelectual. Europa no puede competir con las economías emergentes en mano obra barata y acceso a las materias primas, por lo que quiere proteger su principal activo: la creación, que da trabajo a millones de personas en toda la Unión Europea.

La lista de artículos protegidos aumentará a nombres de marcas, nombres topográficos, semiconductores y otros bienes, permitiendo que -según un ejemplo de la propia CE- una camiseta «Hike» que imite a una prenda de la marca estadounidense «Nike» pueda ser retenida en la frontera, al contrario de lo que sucedía hasta este momento.

De este modo, Bruselas pretende poner freno al desembarco creciente de falsificaciones en la UE. Con esta estrategia global, Bruselas pretende modernizar las normas que se aplican a patentes, marcas, diseños, denominaciones de origen, así como los derechos de autor, que considera obsoletas debido a la globalización del comercio y a la revolución digital.

En este sentido, Bruselas ha anunciado otra norma para armonizar la gestión colectiva de los derechos de autor en la Unión, que establecerá normas transparentes de distribución de los beneficios por parte de las sociedades de autores de los estados miembros, concretamente en el sector de la música. EFE

 

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