Debate sobre acuerdo contra piratería en Internet sigue en el Parlamento

Madrid.- Continúa en el Parlamento Europeo el debate sobre uno de los asuntos más polémicos de los tratados en los últimos meses: el acuerdo internacional ACTA contra la vulneración de los derechos de autor en Internet, un texto que despierta reticencias porque podría poner barreras al libre acceso a la información.

La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo debate hoy por segunda vez el acuerdo internacional, después de que en el primer debate todos los grupos políticos solicitasen «aclaraciones» sobre cómo se aplicaría el tratado internacional contra las falsificaciones conocido como «ACTA», negociado por la UE y otros diez países de todo el mundo, antes de votar si respaldan o rechazan su entrada en vigor.

El texto se ha negociado a nivel internacional entre la UE y los Veintisiete, Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, países que suman la mitad del mercado mundial. En el caso de la UE, 22 de los 27 países comunitarios -entre ellos España- ya han firmado el texto, pero Alemania, Polonia, Eslovaquia y la República Checa aún no han cumplido con esa etapa o han solicitado más tiempo para estudiarlo. Los Veintisiete sólo podrán aplicar el acuerdo si es aceptado unánimemente, y en ningún caso podrá aplicarse en unos Estados miembros sí y en otros no.

En el Parlamento Europeo los eurodiputados no tienen mucho margen de maniobra: no pueden enmendar el texto, sino que se deberán pronunciar a favor o en contra del acuerdo, primero en la comisión de Comercio Internacional y después en sesión plenaria, justo antes del verano o ya en septiembre.

La Comisión Europea ha decidido remitir al Tribunal de Justicia de la UE para comprobar si está totalmente en línea con las leyes comunitarias y el ponente del informe parlamentario sobre el asunto, el socialista británico David Martin, propone que el Parlamento remita de forma paralela a la Justicia europea sus propias preguntas sobre la legalidad de ACTA.

El acuerdo ha sido muy cuestionado por los internautas, quienes consideran que el texto ha sido negociado por los gobiernos sin tener en cuenta otras opiniones, como la del Parlamento Europeo, y temen que imponga restricciones a las libertades fundamentales. Polonia ha sido el país europeo donde las protestas contra ACTA han sido más numerosas, con movilizaciones masivas de jóvenes, políticos e intelectuales en la mayoría de grandes ciudades del país. Además, la comisión de Peticiones recibirá las firmas de 2,400,000 ciudadanos que piden a los eurodiputados que protejan sus derechos y rechacen ACTA. En el manifiesto sostienen que el acuerdo, en caso de aprobarse, destruiría la entrada libre y gratuita a Internet, “una herramienta crucial para que la gente de todo el mundo intercambie ideas y promueva la democracia”, sostienen.

El acuerdo pretende proteger los derechos de propiedad intelectual en sectores tan diversos como el automovilístico, el diseño, la moda, las indicaciones geográficas, la música o el cine, y en diversos medios, incluido el digital.

La UE cuenta con unos estándares en materia de protección de propiedad intelectual altos, por lo que la Comisión cree que tras la entrada en vigor de ACTA no habrá modificaciones significativas en la normativa europea, pero asociaciones de internautas y partidos políticos temen por los «defectos democráticos» que, a su juicio, contiene el acuerdo, que podría ser una «potencial amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos», según sostienen.

El tratado, que para entrar en vigor aún debe ser ratificado por todos los países que lo han negociado y por la Eurocámara, podría permitir a los proveedores de internet «violar la privacidad» de los usuarios e imponer restricciones al «discurso abierto» de la red, temen los socialistas.

En el caso de que el Parlamento Europeo rechace el acuerdo, la UE tendrá que renunciar a firmarlo, pero los eurodiputados también tienen otras dos opciones: no pronunciarse o pedir a la Tribunal Europeo de Justicia que decida si éste entra en contradicción con las normas europeas. En cualquier caso, el acuerdo debe ser ratificado por todos los países de la UE para que entre en vigor, algo que por el momento también sigue pendiente.

Las asociaciones de consumidores están en contra de la entrada en vigor de este acuerdo internacional. En España, el portavoz de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Rubén Sánchez, ha explicado a Euroefe que la conocida como ley Sinde –un apartado de la Ley de Economía Sostenible- ya fue un “preludio” del tratado internacional, pero que aún así, si ese tratado se adoptase, habría que hacer “pequeños pero malévolos retoques” a las normativas nacionales.

A su juicio, la forma en que se ha negociado el tratado internacional es “un fraude” porque “limita la distribución libre y persigue a los ciudadanos, cercenando sus derechos y manteniendo los intereses de la industria cultural”. La organización de consumidores considera que la aplicación del acuerdo iría “contra el secreto de las comunicaciones y de la privacidad”, y asegura que en el caso de aprobarse las asociaciones de internautas y de consumidores recurrirían la normativa ante el Tribunal de la UE.

Según alerta el portavoz de FACUA, el acuerdo permitirá que “los servidores se conviertan en espías, que compartir archivos sin ánimo de lucro sea sancionable y que se pueda restringir el acceso a Internet a un usuario”. Por ello, insta a los eurodiputados a que frenen la aplicación de una norma que supondría una “censura total” en Internet, que va “contra todos los internautas” y que “únicamente pretende frenar en años o en décadas lo que tarde o temprano va a tener que hacer la industria cultural, que es reconvertir el negocio”. EFE

 

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